La investigación privada gana relevancia en el compliance corporativo
La publicación de Law&Trends sobre la Sentencia del Tribunal Supremo 546/2026 vuelve a situar un asunto decisivo para empresas, despachos y detectives habilitados en el centro del debate: cuál es el papel legítimo de la investigación privada dentro de una investigación interna corporativa.
No se trata únicamente de averiguar si un trabajador ha incumplido una norma interna. Las investigaciones de compliance pueden afectar a fraudes, conflictos de interés, competencia desleal, filtraciones de información, uso irregular de activos, manipulación documental, absentismo presuntamente fraudulento o vulneraciones de protocolos internos. En todos estos escenarios, la empresa necesita conocer los hechos, pero no puede investigar sin límites.
La relevancia práctica de esta resolución, según el enfoque anunciado por la fuente, es que obliga a distinguir entre una investigación interna bien estructurada y una actuación improvisada que termine lesionando derechos fundamentales, invalidando pruebas o generando responsabilidad para la propia compañía.
Qué aporta un detective privado a una investigación interna
Un detective privado habilitado no sustituye al órgano de compliance, a la dirección de recursos humanos, al abogado interno ni al instructor de un expediente disciplinario. Su aportación consiste en realizar averiguaciones dentro del ámbito privado y legítimo de la investigación, documentarlas con metodología profesional y entregar un informe que pueda ser valorado por la empresa y, si procede, por un tribunal.
La Ley 5/2014, de Seguridad Privada, reconoce a los detectives privados la función de obtener y aportar información y pruebas sobre conductas o hechos relativos al ámbito económico, laboral, mercantil, financiero y, en general, de la vida personal, familiar o social, siempre que se desarrollen en el ámbito privado. Esto encaja con numerosas necesidades corporativas, pero exige que exista un interés legítimo concreto y una relación proporcionada entre la sospecha, el encargo y las medidas empleadas.
Por ejemplo, una compañía puede necesitar comprobar si una persona con acceso a información comercial está facilitando datos a un competidor; si un directivo mantiene una relación societaria no declarada con un proveedor; o si se están desviando clientes, mercancías o recursos a una empresa vinculada. En estos supuestos, un detective puede ayudar a verificar hechos externos y observables, identificar conexiones relevantes o preservar evidencias lícitamente obtenidas.
La clave no es “vigilar por si acaso”. La clave es investigar una hipótesis razonable, delimitada y jurídicamente defendible.
La sentencia no debe interpretarse como una autorización ilimitada
Investigación privada no equivale a vigilancia total del empleado
Una lectura errónea de cualquier pronunciamiento judicial sobre prueba de detectives puede llevar a pensar que, ante una sospecha interna, la empresa tiene carta blanca para seguir, grabar o monitorizar a sus empleados. No es así.
La licitud de la investigación dependerá del caso concreto: el motivo del encargo, la gravedad de los hechos investigados, el lugar donde se realizan las observaciones, la duración del seguimiento, la información tratada y la existencia de alternativas menos intrusivas. La proporcionalidad continúa siendo el criterio central.
En términos prácticos, observar actividades desarrolladas en espacios públicos o de acceso público no es lo mismo que captar conversaciones privadas, acceder a comunicaciones, instalar dispositivos ocultos o tratar datos especialmente sensibles. Estas últimas actuaciones pueden estar prohibidas, requerir una habilitación distinta o comprometer de forma grave la validez de la prueba.
Un informe profesional puede ser muy útil, pero no “blanquea” un encargo defectuoso. Si la empresa no puede explicar qué riesgo investigaba, por qué era necesario acudir a un detective y qué alcance temporal y material tenía el encargo, será más difícil defender posteriormente la investigación.
También conviene recordar que un informe de investigación privada es una pieza de prueba que puede ser discutida por la parte afectada. Por ello, debe identificar con claridad el objeto del servicio, las actuaciones realizadas, las fechas, los hechos constatados y los medios empleados, evitando opiniones especulativas o conclusiones que excedan de los datos observados.
Implicaciones para empresas y responsables de compliance
La principal enseñanza para una empresa no es contratar detectives con mayor frecuencia, sino integrar correctamente la investigación privada en su protocolo de investigaciones internas. Una reacción precipitada tras recibir una denuncia en el canal interno puede crear más riesgos que soluciones.
Antes de externalizar averiguaciones, el responsable de compliance debería documentar el origen de la alerta y hacer una evaluación inicial. Debe determinarse qué norma o política podría haberse vulnerado, qué personas o áreas están afectadas, qué información ya obra en poder de la empresa y qué hechos concretos necesitan verificación externa.
Esto permite decidir si el caso requiere una auditoría documental, entrevistas, revisión de accesos informáticos bajo los controles aplicables, intervención de asesoría jurídica o una investigación privada. No todos los avisos requieren seguimiento físico. De hecho, una gran parte de los conflictos de fraude interno se aclara mediante trazabilidad contable, análisis de autorizaciones, comprobación de proveedores y custodia adecuada de documentación.
Cuando sea necesaria una investigación externa, el encargo debe ser escrito y preciso. Debe definir el propósito legítimo, los sujetos o hechos objeto de comprobación, la duración estimada, las limitaciones operativas y el destinatario autorizado del informe. La empresa debe evitar encargos vagos como “averiguar todo sobre este trabajador” o “confirmar si hace algo irregular”.
Protección de datos, secreto profesional y cadena de custodia
El cumplimiento del RGPD también afecta al encargo
Las investigaciones internas suelen implicar datos personales de empleados, denunciantes, clientes, proveedores y terceros. Por tanto, deben respetar el Reglamento General de Protección de Datos, la Ley Orgánica 3/2018 y las políticas corporativas aplicables.
La empresa debe limitar el tratamiento a los datos necesarios para investigar la posible infracción. Asimismo, ha de establecer quién puede acceder a los informes, durante cuánto tiempo se conservarán y cómo se evitará que la información se reutilice para fines ajenos al expediente. Un informe de detective no debe circular sin control entre mandos intermedios ni enviarse por canales inseguros.
El deber de confidencialidad es especialmente importante si la investigación se inicia a partir de un canal interno de información. Revelar prematuramente la identidad del informante o detalles no necesarios puede exponer a la compañía a represalias, conflictos laborales y fallos en la propia investigación.
Preservar la prueba es tan importante como obtenerla
En casos con posible recorrido disciplinario, civil o penal, la empresa debe proteger la integridad de la evidencia desde el inicio. Esto exige conservar documentos originales, registrar entregas de material, evitar manipulaciones y mantener una cronología de decisiones.
El detective habilitado aporta valor precisamente porque su informe puede explicar qué observó, cuándo, dónde y de qué modo, y porque puede ratificarlo judicialmente si es citado. Sin embargo, la ratificación será más sólida cuando el expediente corporativo también refleje una toma de decisiones ordenada y respetuosa con los derechos implicados.
Cómo elegir un detective privado para un caso de compliance
No basta con localizar a alguien que ofrezca “investigaciones empresariales” en internet. La empresa debe comprobar que se trata de un profesional habilitado como detective privado y con experiencia acreditable en investigaciones laborales, mercantiles o de fraude, según la naturaleza del encargo.
Es aconsejable solicitar una propuesta que detalle el objeto del servicio, el equipo asignado, los límites legales, la forma de reporte, las medidas de confidencialidad y el coste estimado. También es conveniente coordinar el encargo con asesoría jurídica, especialmente si los hechos pueden terminar en despido, reclamación de daños, denuncia penal o litigio societario.
Un buen profesional no promete resultados predeterminados ni acepta instrucciones ilegales. Debe advertir de los límites aplicables y proponer una estrategia de investigación proporcionada. Esta actitud no es una falta de eficacia: es una garantía para que el resultado del trabajo sea útil y defendible.
Recomendaciones accionables antes de iniciar una investigación
- Abra un expediente interno de evaluación inicial y registre qué indicios justifican investigar.
- Defina el objetivo probatorio, no solo la sospecha: qué hecho concreto necesita acreditar o descartar.
- Aplique el criterio de necesidad y proporcionalidad antes de encargar seguimientos o recabar información externa.
- Contrate únicamente detectives privados habilitados y formalice un encargo escrito, limitado y confidencial.
- Coordine compliance, recursos humanos, protección de datos y asesoría jurídica para evitar decisiones contradictorias.
- Custodie los informes y evidencias con acceso restringido y una política clara de conservación.
- No adopte una sanción automática solo porque exista un informe: valore el conjunto de pruebas y garantice audiencia y defensa cuando corresponda.
FAQ
¿Puede una empresa contratar a un detective para investigar a un trabajador?
Sí, siempre que exista un interés legítimo, un objeto de investigación concreto y una actuación proporcional. La empresa no puede utilizar la investigación privada como una vigilancia indiscriminada ni invadir espacios o comunicaciones protegidas.
Puede servir como prueba, especialmente si describe hechos verificables y el detective puede ratificarlo en juicio. Su eficacia dependerá de que la obtención de la información haya sido lícita, proporcional y correctamente documentada.
La respuesta depende de las circunstancias y del tipo de investigación. La empresa debe analizar sus deberes de información y la base jurídica del tratamiento de datos, pero una comunicación previa que frustre una investigación legítima no siempre es exigible. Es recomendable obtener asesoramiento jurídico específico.
¿Qué debe incluir el encargo a un detective privado en un caso de compliance?
Debe recoger la identidad de las partes, la finalidad legítima, los hechos que se desean comprobar, el alcance temporal y territorial, las limitaciones legales, el sistema de reporte, la confidencialidad y el régimen de custodia del informe final.
Fuente: Law&Trends — Sun, 25 Oct 2026 23:43:00 GMT
